Desde
el día domingo 29 de julio, y a partir de una nota publicada por el
Diario Clarín:
http://www.clarin.com/zona/Militancia-terreno_0_745725575.html,
se
generó un debate público, en el que se realizan afirmaciones sobre
un tema complejo, en algunos casos con absoluto desconocimiento, en
otros con evidente mala fe.
El Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) está integrado por abogadas/os y
sociólogas que estudian el tema carcelario, y que trabajan en el
territorio de la cárcel: dando clases, asistiendo a detenidos/as,
acompañando familiares, investigando, elaborando leyes, asesorando
legisladores/as. Parte de nuestra labor la compartimos con la
Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales
(AciFaD), una organización social que nuclea a las esposas,
compañeras, hijas, madres, hermanas, de personas privadas de
libertad. Ellas saben de lo que hablan porque cada día juntan
alimentos para llevarles a sus seres queridos; cargan pesadas bolsas
con comida y ropa; viajan en colectivos, trenes y remises hasta
llegar a cárceles lejanas; se someten a requisas humillantes; y
escuchan con amor y paciencia los reclamos y pesares de las personas
que aman. No cometieron ningún delito, pero las tratan como si
fueran culpables: las hacen esperar horas; las someten a rayos x para
ingresar; o les hacen bajar la bombacha y hacer flexiones, si
prefieren evitarlos; les llevan a sus familiares a Rawson, Neuquén o
Resistencia, y las someten a la peor de las torturas: saber que sus
seres queridos tienen frío, son golpeados, corren riesgos, lloran
por teléfono diciendo "me voy a suicidar".
Esa realidad la hemos denunciado una y
otra vez. Hemos mostrado fotos como la que aquí se exhibe, del
cuerpo de un joven torturado en una cárcel federal, dependiente del
Servicio Penitenciario Federal (SPF), en julio de 2011:
Sin embargo, lo que provoca escándalo
y debate, son las salidas de un grupo de presos. Entonces, sobre este
punto, queremos aclarar:
1- Las salidas "denunciadas"
por Clarín no son "salidas transitorias" ni "traslados".
Las salidas transitorias requieren cumplir una serie de requisitos.
Esos requisitos son objetivos: haber cumplido la mitad de condena o
15 años para quienes estén condenados a prisión perpetua; y otros
absolutamente arbitrarios, y donde se asienta el poder del Servicio
Penitenciario Federal: es necesario tener conducta ejemplar y
concepto favorable (lo que se traduce con calificación de 9 y 7
respectivamente). La facultad de "calificar" la conducta de
presos y presas otorga un enorme poder a los servicios
penitenciarios, genera mecanismos de extorsión -si
no te portás bien, no te pongo el punto que te falta-
y de corrupción -venta
de informes "favorables"-. En el ámbito del SPF, solo el 5
% de los/as presos/as gozan de salidas transitorias, según datos
oficiales brindados por la Procuración Penitenciaria: 465 sobre un
total de población penal de 9523.
2-
Las salidas "denunciadas" por Clarín tampoco son
"traslados". Traslado es cuando se lleva a un preso de una
cárcel a otra; o a un hospital para que se le haga una práctica
médica; o al velorio de un familiar, entre otros casos. Como
denuncia la Asociación de Familiares, esos traslados suelen
demorarse alegando dificultades de falta de móviles, o de nafta; lo
que provoca que se pierdan turnos en los hospitales; o que se llegue
tarde a un velorio, y un hijo no pueda despedirse de su madre; o que
un padre no pueda visitar a sus hijos/as alojados en hogares de
menores (todos casos reales, documentados con nombre y apellido)
3-
Las salidas "denunciadas" por Clarín son para participar
en encuentros culturales, actividades recreativas o eventos
deportivos, o de cualquier índole que se considere beneficiosa para
el desarrollo de la persona privada de libertad. Se pide autorización
al juez o tribunal a cuya disposición está ese/a preso/a, y si la
autorización se brinda, la persona sale custodiada, va al lugar
donde está invitado/a, por un plazo definido y determinado (dos,
tres, cuatro horas), y vuelve custodiado a la unidad donde está
alojado. Esa salida puede realizarse en cualquier momento de la
estadía de la persona en la cárcel, tanto si está procesado como
si está condenado, porque no está sujeta a requisitos de "tiempo
cumplido", ni de un determinado nivel de "conducta y
concepto". El derecho a gozar de estas salidas surge del
llamado "Principio de reinserción", que está expresamente
desarrollado en nuestra Ley de Ejecución Penal, N° 24.660:
ARTICULO 1º.
La
ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus
modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la
capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada
reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la
sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con
las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento
interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad
enunciada.
Nótese que se refiere a los condenados, pero en el artículo 11 de la misma ley, dice:
ARTICULO
11. — Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo
7º, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no
contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y
útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran
suscitarse serán resueltas por el juez competente.
4-
En
el caso particular de las actividades organizadas por el Vatayón
Militante:
- La
cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la
arbitrariedad. Todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y
para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones
educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de
derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido. Y es
preciso trabajar con todos los presos y todas las presas, aún con
quienes hayan cometido delitos graves, que nos repugnen más o menos
conforme nuestras convicciones. Sin embargo, Nos preocupa que el
desarrollo de actividades recreativas pueda verse subordinado a la
participación en determinada fuerza política. Las personas privadas
de libertad sufren una enorme deprivación en su autonomía, en sus
posibilidades de elegir libremente, en el ejercicio de sus derechos.
Hacer bailar a un preso con un penitenciario puede parecer simpático
para algunos. Para muchos otros -nos incluímos-, implica una
humillación, un acto de violencia simbólica, más allá de las
buenas intenciones con que los integrantes de esa agrupación
trabajen en el ámbito carcelario. La cárcel es una institución
pública, y es deber del Estado garantizar, mediante políticas
públicas universales, el acceso a todos los derechos para todos/as
los/as presos. El Estado cuenta con innumerables instituciones que
pueden y deben cumplir esta función.
- Las
facilidades con las que cuenta para desarrollar su actividad el
Vatayón Militante no es compartida por otras organizaciones sociales
y de derechos humanos, sobre todo en las que tienen una mirada
crítica sobre lo que sucede en las cárceles federales.
-
Entendemos que, tanto como deben respetarse los derechos de las
personas privadas de libertad, debe respetarse el dolor de las
víctimas y de sus familiares. En ese sentido, nos parece
desaconsejable difundir imágenes festivas mediante videos y redes
sociales, en tanto provocan más dolor en los familiares de las
víctimas de delitos graves, y asimismo pueden afectar la intimidad
de algunas de las personas privadas de libertad que aparecen en
ellas.
- Nos
parece vergonzoso y perverso que se pretenda cuestionar que
determinados presos, por el delito cometido o imputado, sean
estigmatizados, y se plantee que deberían ser utilizados como
"símbolos" para dar "mensajes a la sociedad". El
momento en que se determina la gravedad de un delito, y la pena
correspondiente, es el momento de la condena. Luego, la persona
condenada (o imputada, como es uno de los casos), conserva TODOS los
derechos que se derivan de su condición de ciudadano. Haya hecho lo
que haya hecho. Caso contrario, estamos planteando un derecho de
ejecución penal para ladrones, otro para homicidas, otro para
agresores sexuales, etc. Las personas, en un Estado democrático de
Derecho, no son instrumentos para dar mensajes, sino sujetos de
derecho.
5-
Nos preocupa que, a partir de discutir estos temas, se pretenda
recortar derechos, en vez de ampliarlos. Somos muchos quienes
pensamos que, en algún momento de la historia, la cárcel deberá
desaparecer, o reducirse a niveles mínimos. En principio, creemos
que no deberían construirse más cárceles, y que debería revisarse
caso por caso cuántos cientos o miles de personas que hoy están
presas, podrían obtener su libertad. En el mientras tanto, también
insistimos en que debe reducirse al máximo el daño que la cárcel
provoca. Y a continuación, damos algunos ejemplos:
- En
el ámbito federal, se envía a presos que viven en la Capital
Federal o el conurbano bonaerense, a cárceles ubicadas a cientos de
kilómetros: Rawson (Chubut), Neuquén, Resistencia (Chaco), Río
Gallegos (Santa Cruz). La pena de extrañamiento sigue vigente en
nuestro país, rompe familias, aleja niños/as de sus padres,
provoca pena y dolor agregado.
-
En
el módulo de jóvenes adultos de Marcos Paz (18 a 20 años), los
abusos, golpes, amenazas y humillaciones son constantes.
- Las plazas para participar en
tratamientos para adictos son escasas, quienes las solicitan deben
esperar años.
- Las distintas unidades penitenciarias
tienen distintas reglamentaciones, tanto con relación a la
documentación que exigen para que una persona ingrese como
visitante, como con relación a qué ropa se puede llevar, o qué
alimentos. Esto implica que las familiares, en ocasiones, deban
volverse de la cárcel sin haber podido ingresar, porque les faltaba
un documento que en otra unidad no se les exigía, o porque llevaban
ropa de un color no admitido.
-El
Servicio Penitenciario Federal es una fuerza militarizada, en sus
prácticas, en sus costumbres, en su preparación. Basta ver una
foto oficial, que se publica en el sitio del SPF:
http://www.spf.gov.ar/
Nuestras propuestas:
1- Es preciso derogar la ley orgánica
del SPF N° 20.416, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de
1973 (días antes de la asunción del gobierno democrático) y
discutir un nuevo Servicio Penitenciario, desmilitarizado, reducido,
que solo cumpla una función de custodia externa de las unidades
penitenciarias. El resto de las actividades que se realicen dentro de
la cárcel, deben desarrollarse desde las instituciones públicas
respectivas: el ministerio de educación, el de desarrollo social, el
de trabajo, la secretaría de deportes, etc.
2- El Senado debe tratar de modo
urgente, y aprobar, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura, garantizando así que las organizaciones sociales y de
derechos humanos que trabajamos en la prevención de la tortura y los
malos tratos podamos ingresar sin restricciones a recorrer todas las
instituciones de encierro, sin aviso previo, hablando de modo
confidencial y privado con las personas privadas de libertad.
3- Todas las organizaciones de
trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de las
personas privadas de libertad, deben contar con facilidades para
acceder a desarrollar proyectos educativos, laborales, recreativos,
deportivos y culturales en los lugares de encierro, y debe
garantizarse la participación de todas las personas privadas de
libertad que así lo decidan, sin ningún tipo de discriminación,
sin condicionamientos impuestos por el servicio penitenciario, ni
limitaciones basadas en el lugar de alojamiento, la conducta, o el
concepto.
4- Rechazamos los intentos de limitar
el piso de derechos garantizados por la ley de Ejecución Penal N°
24.660. Por el contrario, creemos que el ejercicio de derechos de las
personas privadas de libertad debe ampliarse, facilitando su
formación, su desarrollo personal, sus vínculos familiares y
sociales, y su egreso anticipado de la cárcel, mediante salidas
eventuales; salidas transitorias y libertad condicional, sin realizar
distinciones basadas en el delito cometido.
Cuando
hablamos de derechos de las personas privadas de libertad, estamos
hablando de derechos de todos y todas: de quienes han cometido un
delito y de sus familiares; de las víctimas de ese delito, y de la
sociedad en su conjunto. Estamos convencidos/as de que cuánto más
abiertas sean las instituciones de encierro, cuánta más y mejor
oferta de oportunidades haya para quienes deben cumplir una pena,
mejor será para todos/as
Claudia Cesaroni
Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
15-4404-5299
